La Amazonía venezolana ha sido conocida por sus tepuyes, esas formaciones rocosas de cimas planas y pendientes verticales con 1.500-2.000 millones de años de antigüedad; por el río Orinoco, por el emblemático Parque Nacional Canaima y sus extensas sabanas; por la existencia de 29 pueblos indígenas como los yanomami o los warao, entre muchos otros.

Sin embargo, su historia está también marcada por la colonialidad, los imperativos de conquista y el extractivismo. Los primeros rastros del imaginario de ‘El Dorado’, que se pensaba ubicado en la soñada ‘Laguna de Parima’ o ‘Manoa’, se encontraban justo en la cuenca del Cuyuní, entre Venezuela y el disputado territorio del Esequibo (Cunill Grau, 2011). Zona también, que hoy vive una vorágine minera.

Poco son contadas las historias del caucho y la violencia en Amazonas, de balatá, la sarrapia y las plumas de garza; de los vapores recorriendo el Orinoco con mercancías para potenciar el comercio extractivista (Ugalde, 1994; Fernández, 2007); y la explotación del oro en El Callao en el siglo XIX, que además promovió un particular sincretismo entre lo amazónico y lo caribeño desde el cual se celebran allí carnavales al ritmo del calipso, muchas veces celebrando el trabajo de los mineros.

Esta historia recorre a la Amazonía hasta nuestros tiempos contemporáneos, cuando la misma fue objeto de un ambicioso plan de desarrollo en el auge del Petroestado (1) venezolano durante el siglo XX, orientado a expandir la minería e industria del hierro y la bauxita, el turismo, las infraestructuras hidroeléctricas, y nuevamente, la minería de oro. Nada de esto quitó protagonismo al petróleo y el desarrollo de un país que se desplegaba fundamentalmente al norte del río Orinoco, mirando a sus costas, desde donde evolucionó históricamente una economía de puertos. Pero la crisis del modelo basado en el petróleo, que comienza a evidenciarse con claridad desde la década de los 80, comenzó a ser un extraordinario incentivo para intensificar un nuevo avance de la “Conquista del Sur”, un lema y política que ya en el primer gobierno de Rafael Caldera (1969-1974) se había propuesto.

Aunque está muy poco presente en el imaginario venezolano, la crisis económica que vivimos en los 90 impulsó también una profundización del extractivismo que tuvo impacto en la Amazonía: la propuesta en el segundo gobierno de Caldera de permitir la minería en la Reserva Forestal de Imataca evidenciaba un salto hacia nuevas fronteras de la extracción. La resistencia social de ciudadanos de diversa procedencia para evitar que se concretara ese permiso en Imataca, generó la que quizás fue la movilización ambiental más emblemática de ese entonces en el país.

Pero la crisis de fondo, de un modelo tan dependiente al petróleo no estaba resuelta. Con la llegada de Hugo Chávez y la llamada ‘Revolución Bolivariana’, el mal de la dependencia y la predominancia del rentismo fue profundizada. A pesar de que su proyecto se presentó como un cambio radical respecto a los gobiernos anteriores, Chávez continuó con el imperativo extractivista, esta vez en nombre del Socialismo. Este no sólo planteaba llevar la producción petrolera a 6 millones de barriles diarios (Lander, 2013; Teran-Mantovani, 2014), sino también expandir la minería a niveles nunca visto, lo que también impactó a la Amazonía. En este marco, en 2011, Chávez propuso al país un mega-proyecto al norte de la biorregión denominado ‘Arco Minero del Orinoco’ (AMO). Este estableció una enorme superficie de casi 112.000 km2, el tamaño aproximado de Cuba, destinado a la explotación de oro, diamantes, coltán, bauxita, hierro, cobre, entre otros minerales.

Al mismo tiempo, desde principios del siglo XXI, y estimulado por el crecimiento de los precios del oro, se extendía considerablemente la minería ilegal en la Amazonía, lo cual también fue potenciado por la corrupción de militares, que fueron obteniendo ganancias del comercio ilícito del recurso.

El ya internacionalmente conocido colapso venezolano que inicia entre 2013/2014, en el cual la industria petrolera se vino abajo, ha creado un escenario de expolio para la Amazonía, que pone en entredicho la propia vida en la biorregión. El gobierno de Maduro encuentra la posibilidad de incrementar ingresos a través del comercio del oro, e incentiva la minería en toda la biorregión a partir de la formalización del AMO, vía decreto 2.248 (Gaceta Oficial 40.855, febrero 2016 (2)). Pero las condiciones de inestabilidad e inseguridad para empresas, las sanciones internacionales, y sobre todo, la proliferación de bandas criminales venezolanas, la guerrilla colombiana y mineros patrocinados por el crimen organizado desde Brasil, han hecho inviable los proyectos formales del AMO. La debacle del Estado, la corrupción gubernamental y el fortalecimiento de las economías ilícitas, han provocado que prácticamente toda la minería que se realiza en la región sea ilegal, sea porque irrumpe en las leyes ambientales, de protección a los pueblos indígenas e incluso la Constitución, o bien porque el grueso de las minas están controladas por estructuras criminales, que operan ante la complicidad o la asociación con actores estatales (Crisis Group, 2020; FundaRedes, 2022; OCDE, 2021; SOS Orinoco, 2022). Todo esto implica, al menos dos cuestiones importantes: una, que el oro venezolano tiene un origen fundamentalmente ilícito, marcado por la violencia contra las comunidades indígenas, la devastación de decenas de miles de hectáreas de bosque y su contaminación con mercurio; y dos, que el AMO lo que busca es captar la mayor parte posible de ese oro que se extrae en toda la Amazonía (incluso más allá de las poligonales del proyecto), legalizándolo, y fusionando lo ilícito y lo lícito.

Estas dinámicas de expolio han tenido severos impactos socioambientales, principalmente en la cuenca del Cuyuní, donde están las principales concentraciones de oro del país; en la del Caroní, Paragua, Caura e Ikabarú en el estado Bolívar, y en los ríos Ventuari, Atabapo, en el Parque Nacional Yapacana y la Reserva de Biosfera Alto Orinoco Casiquiare, en el estado Amazonas. La instalación de grupos armados y la violencia militar han implicado explotación laboral y sexual, agresiones permanentes, enfermedades como la malaria, y hasta asesinatos, todo lo cual incluye a los pueblos indígenas, que son los grupos sociales más vulnerables ante la situación (ORPIA et al, 2020). Además, muchos de estos últimos, ante el contexto tan complicado han decidido sumarse a la minería ilegal, abandonando muchas de sus actividades tradicionales. La situación general ha sido de continuo avance de la actividad, lo que se agrava por las dinámicas transfronterizas del oro, que están también impactando la Amazonía de otros países.

Horizontes post-extractivistas ante el asalto a la vida en la Amazonía.

Abordar una situación como esta requiere una mirada amplia y holística, que además reconozca las relaciones de poder e intereses nacionales e internacionales que atraviesan estos preciados ecosistemas. El abordaje puede ir desde asuntos técnicos, políticos, hasta sociales y epistémicos. Esto último, desde nuestra perspectiva, supone pensar no sólo aspectos regenerativos y paliativos, sino también de cambios profundos en los propios modelos de sociedad, ante una crisis ambiental que no es sólo amazónica, sino planetaria. Mirar en las raíces de la larga historia de expolio que ha vivido la Amazonía implica proyectar posibilidades y alternativas post-extractivistas, reconociendo los desafíos y potencialidades hacia otros ordenamientos socio-ecológicos que trasciendan la orientación extractiva.

Una apuesta hacia otras epistemologías, hacia otros paradigmas y formas de conocimiento, implica reconocer que nuestras concepciones dominantes sobre desarrollo, bienestar y progreso, siguen profundamente anclados en el extractivismo y en nociones de dominación y objetivación de la naturaleza. La Amazonía debe ser concebida como un ser vivo, como bioma, que además está conectado con la vida, los equilibrios y balances del resto de la vida en la Tierra. Se trata de reconciliarnos y revincularnos con la naturaleza, reconocernos como parte de ella, y comprender que la posibilidad de vida tiene que ver con nuevos modelos de sociedad que respeten los ciclos y ritmos de los ecosistemas.

Los pueblos indígenas amazónicos poseen valiosos conocimientos y prácticas para orientar cambios y nuevas formas de relacionamiento con la Amazonía, siendo sus guardianes por miles de años. En este sentido es fundamental que se completen los procesos de demarcación y titulación de tierras indígenas, como lo indica la Constitución nacional, fortaleciendo las herramientas de gestión territorial de las comunidades originarias, que ofrecerían valiosos aportes para el manejo y regeneración de los ecosistemas amazónicos. Además, los regímenes de co-administración de territorios indígenas y parques nacionales, así como las iniciativas de las guardias indígenas como formas de vigilancia y monitoreo territorial (no armado) ante el auge de grupos armados irregulares, dan señales de mecanismos de participación más directo de estas comunidades ante las diferentes problemáticas que afronta la biorregión, más allá del asistencialismo estatal, las propuestas empresariales de mercantilización de la naturaleza y la militarización de los territorios.

La ‘recuperación económica’ de Venezuela no puede plantearse a costa de la devastación social y ambiental de nuestro propio país. Esta puede en cambio ser también potenciada por el crecimiento y fortalecimiento de economías locales indígenas (agrícolas, forestales comunitarias, etc) y las diversas potencialidades eco-turísticas de la zona. Estrategias de cuidado del bosque, restauración ecológica, reforestación y revegetación también deberían ser apoyadas, mucho más para ofrecer alternativas económicas a los miles de mineros que existen en la biorregión.

Acuerdos internacionales, como lo sería la aprobación del acuerdo de Escazú, podrían añadir elementos normativos y estrategias multilaterales para la conservación, así como para la protección de defensores ambientales en el país.

Técnicamente hablando, sí hay alternativas para la Amazonía venezolana; lo fundamental es una ciudadanía movilizada y la voluntad política de los sectores dirigentes que comprendan la particular situación regional y global en la que nos encontramos, y que estén a la altura de las circunstancias.